Una pyme necesita una máquina para aceptar un nuevo contrato, pero pagarla al contado dejaría la caja demasiado justa. El leasing permite usar un bien mientras se pagan cuotas y suele incluir una opción de compra al final, aunque el coste total y las condiciones para quedarse con él dependen del contrato.

La entidad compra el activo y la empresa lo paga en cuotas

El proceso suele empezar con una necesidad de negocio concreta: una furgoneta, un equipo informático o una máquina que el proveedor aún debe entregar. La empresa acuerda las características del bien y una entidad financiadora lo adquiere para ceder su uso; así, el activo se pone en marcha sin desembolsar todo su precio de una vez.

Durante el plazo pactado, la empresa paga cuotas periódicas. En el contrato deben distinguirse la parte destinada a recuperar el coste del bien y la carga financiera; el importe también puede reflejar impuestos y otros conceptos. Yo compararía el importe total hasta el vencimiento, no solo la cuota mensual, porque una mensualidad cómoda puede ocultar una opción de compra elevada o gastos aparte.

En España, la disposición adicional tercera de la Ley 10/2014 define el arrendamiento financiero como la cesión de bienes adquiridos para ese fin, afectados a una actividad empresarial o profesional, e indica que el contrato debe incluir una opción de compra al término. Esa definición ayuda a separar el leasing financiero de un alquiler ordinario, pero no convierte cada oferta comercial en una operación idéntica: hay que leer cómo se reparten mantenimiento, seguro, reparaciones y otros gastos.

La cuota mensual no refleja por sí sola el coste final

Una cuota baja puede ser resultado de dejar una parte importante del coste para el final. Al comparar propuestas, pon en la misma hoja el desembolso inicial, las cuotas, las comisiones, los servicios que pagarás por separado y el valor de la opción de compra. Solo así ves cuánto cuesta usar el activo y cuánto costaría adquirirlo.

La cancelación anticipada merece atención antes de firmar, no cuando cae la facturación. Si el negocio ya no puede asumir las cuotas, revisa el contrato y solicita a la entidad el saldo pendiente, los gastos de resolución y las condiciones para devolver el activo; no des por hecho que entregarlo extingue la deuda. Si la cifra no coincide con lo pactado, contrástala con el contrato y pide asesoramiento financiero o jurídico antes de aceptar una liquidación.

El tratamiento fiscal depende del contrato y del activo

La expresión “cuota deducible” suele sonar más sencilla de lo que es. Para aplicar el régimen especial del artículo 106 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, el arrendador debe ser una entidad de crédito o un establecimiento financiero de crédito, y las cuotas han de separar la recuperación del coste y la carga financiera. El artículo fija duraciones mínimas de dos años para bienes muebles y diez para inmuebles o establecimientos industriales dentro de ese régimen.

La carga financiera satisfecha se considera gasto fiscalmente deducible en ese régimen; la parte de recuperación del coste también puede serlo, con límites y excepciones. Por ejemplo, el coste de terrenos y solares, al ser activos no amortizables, no recibe ese tratamiento. Para la parte amortizable, la deducción anual está sujeta al límite vinculado al doble del coeficiente de amortización lineal de las tablas oficiales; el exceso puede trasladarse a periodos posteriores. Eso no equivale a deducir sin límite toda la cuota.

El IVA y el tratamiento contable requieren revisar también el caso concreto. La afectación del bien a la actividad, el tipo de activo, el régimen de la empresa y la estructura del contrato pueden cambiar el resultado; por eso, una promesa comercial de “ventaja fiscal” no basta para calcular el ahorro. Pide que la asesoría confirme el tratamiento antes de cerrar la operación.

Leasing o renting depende de quién asume los servicios y el final

La diferencia práctica aparece cuando algo se avería o llega el vencimiento. En el leasing financiero, la empresa financia un activo y conserva una opción de compra; en el renting, paga por el uso y el contrato normalmente no incorpora esa opción. El Banco de España explica que el renting puede incluir servicios adicionales, mientras que en el leasing la cobertura depende de lo pactado. No conviene comparar ambas fórmulas solo por la mensualidad.

Si necesitas conservar una máquina durante años y esperas que siga siendo útil al terminar el contrato, el leasing puede encajar, siempre que la opción final y los gastos estén claros. Si priorizas mantenimiento incluido y renovación frecuente, el renting puede resultar más sencillo, aunque pagarás por servicios que quizá no necesites. Para un equipo tecnológico con obsolescencia rápida, yo me inclinaría por una fórmula con salida y soporte bien definidos antes que comprometerme a comprarlo al final.

Al vencimiento, decide con el valor del bien y la caja delante

Al llegar la última cuota, las salidas dependen de lo pactado: ejercer la opción de compra pagando el importe acordado, devolver el bien si el contrato lo permite o prorrogar la operación mediante acuerdo. El error habitual es llegar a ese momento sin reservar fondos o sin comprobar las condiciones de entrega. Marca la fecha de vencimiento en el calendario financiero y pide con antelación el importe de compra y los pasos para cada alternativa.

Si la empresa piensa quedarse con el activo, compara el precio de la opción con su utilidad y con el coste de sustituirlo; si piensa devolverlo, revisa el estado exigido y los gastos de retirada. El leasing puede proteger liquidez al inicio, pero obliga a planificar también la salida. Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de una persona profesional en finanzas, fiscalidad o derecho; consulta antes de decidir, sobre todo si hay dudas sobre deducciones, cancelación o titularidad final.

Tu empresa recibe una carta: el banco ya no reclama la deuda y ahora aparece una sociedad que dice haberla comprado. Suele tratarse de un inversor especializado en activos problemáticos, aunque el cambio de acreedor no demuestra por sí solo que el importe reclamado sea correcto.

Un fondo buitre compra una oportunidad de cobro bajo riesgo

El nombre es expresivo, pero no describe una forma única de operar. Se usa para fondos que adquieren deuda en dificultades o activos devaluados con la expectativa de recuperar más de lo que pagaron, asumiendo que quizá no cobren todo.

En una operación empresarial, el fondo puede comprar un préstamo impagado, una cartera de créditos o incluso activos de una compañía en apuros. Después puede negociar una quita, pactar nuevos plazos, impulsar una reestructuración o reclamar judicialmente. El descuento de compra no fija por sí mismo cuánto debe pagar la empresa: el fondo adquiere el crédito y sus condiciones, no un derecho automático a cobrar cualquier cifra.

La expresión también tiene una carga crítica: suele señalar que el inversor obtiene ventaja de una situación financiera delicada. A la vez, la venta de créditos problemáticos puede dar liquidez al acreedor original y trasladar a otro el trabajo y el riesgo de cobro. Para la empresa deudora, el efecto depende de la gestión posterior, no solo del apodo del comprador.

Un fondo de deuda en dificultades no equivale a cualquier fondo de capital privado

Dos inversores pueden comprar participaciones en empresas, pero perseguir operaciones distintas. Un fondo de capital privado puede aportar capital para impulsar el crecimiento o reorganizar una compañía; un inversor en deuda problemática suele centrarse en créditos cuyo pago está en duda. La etiqueta “fondo buitre” alude a una estrategia o conducta, no a todo el capital privado.

La diferencia importa para quien negocia con el acreedor. Si el nuevo titular busca recuperar el préstamo, puede tener margen para acordar pagos o garantías; si el crédito forma parte de una reestructuración más amplia, la negociación puede depender de otros acreedores y de la viabilidad del negocio. Considero que conviene analizar primero qué activo se adquirió y qué salida propone el comprador, antes de atribuirle una estrategia concreta por su nombre.

La cesión cambia quién cobra, pero no convierte cualquier saldo en válido

Una carta de cesión puede explicar por qué una empresa distinta al banco reclama el pago. El Código Civil permite transmitir créditos y, según sus artículos 1527 a 1529, regula qué ocurre si el deudor paga al antiguo acreedor antes de conocer la cesión, qué derechos accesorios acompañan al crédito y qué responde el vendedor sobre su existencia. La garantía vinculada al crédito puede acompañarlo, así que una deuda hipotecaria o avalada exige revisar también esos documentos.

En la práctica, separa tres preguntas: ¿quién es el titular actual?, ¿qué contrato o crédito concreto recibió?, ¿cómo se llega al saldo reclamado? Pide un desglose de principal, intereses, pagos y gastos, y compáralo con tus extractos y acuerdos previos. Una cifra global sin esa trazabilidad no permite comprobar si la reclamación coincide con lo pactado.

Que la deuda se haya vendido con descuento no significa que la empresa pueda pagar ese mismo precio al fondo. Pero tampoco basta con que el reclamante se identifique como nuevo acreedor: la documentación y el cálculo deben encajar con la obligación original.

El retracto por crédito litigioso tiene condiciones y un plazo breve

Hay una excepción legal que merece atención rápida. El artículo 1535 del Código Civil permite al deudor extinguir un crédito litigioso reembolsando al cesionario el precio pagado, las costas y los intereses de ese precio; el artículo considera litigioso el crédito desde que se contesta a la demanda y fija nueve días desde que el cesionario reclama el pago para ejercer el derecho.

Ese mecanismo no se aplica automáticamente a cualquier deuda vendida ni permite conocer el precio de compra sin más. En la sentencia 505/2020, el Tribunal Supremo rechazó aplicarlo a una venta conjunta de una cartera de créditos por un precio global, porque no se había fijado un precio individual para cada crédito. La forma de la operación puede cerrar esa vía, aunque cada caso depende de sus documentos y circunstancias.

Si la empresa ya contestó a una demanda y después recibe una reclamación del nuevo titular, el plazo puede ser decisivo. Entrega cuanto antes la demanda, la contestación, la notificación de cesión y la reclamación a un abogado para que valore si concurren los requisitos y cómo actuar. La referencia jurídica aquí es el Código Civil publicado por el BOE y la sentencia del Tribunal Supremo difundida por el Consejo General del Poder Judicial.

La primera respuesta depende de qué documento haya llegado

Una notificación de cambio de acreedor y una demanda judicial no exigen la misma reacción. Identifica el documento y su fecha de recepción; después, comprueba quién lo envía y si incluye información suficiente para vincular la reclamación con la deuda de la empresa.

Si hay una propuesta de pago, pide que detalle si extingue toda la deuda, qué pasa con las garantías y si incluye costas o intereses. Un acuerdo parcial puede dejar vivo el resto de la reclamación si no especifica con claridad sus efectos.

La etiqueta no sustituye la revisión del crédito

Para una empresa, la pregunta útil no es solo quién es el nuevo acreedor, sino qué prueba la deuda, qué importe queda pendiente y si existe una salida negociada que el negocio pueda cumplir. Si hay demanda, discrepancias contables o garantías personales, consulta con un abogado y un asesor financiero antes de aceptar condiciones o dejar pasar plazos.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico o financiero. Una revisión temprana de la documentación puede aclarar si conviene negociar, impugnar partidas o responder dentro del procedimiento correspondiente.

Al revisar el precio de una compra o preparar el presupuesto de un negocio, el impuesto puede estar ya dentro de la cifra que ves. En España, los impuestos indirectos suelen gravar el consumo, aunque el tributo aplicable cambia según el producto, la operación y el territorio.

IVA, impuestos especiales e ITP/AJD cubren operaciones distintas

corriente, el IVA suele ser el tributo indirecto más visible. Recae sobre ventas y servicios, mientras que los impuestos especiales cargan consumos específicos, como los hidrocarburos, el tabaco o ciertas bebidas alcohólicas.

En cambio, el ITP y AJD aparece en determinadas transmisiones y documentos, entre ellos algunas compraventas de vivienda. También existen otros impuestos indirectos, como el que grava las primas de seguros. Yo prefiero empezar por identificar la operación: el nombre del impuesto se entiende mejor cuando sabes qué se está comprando, transmitiendo o documentando.

En el IVA, la empresa o profesional suele incluir la cuota en el precio y liquidarla ante Hacienda; quien consume soporta normalmente el coste económico. Para un negocio, en cambio, el IVA de ciertas compras puede ser deducible si se cumplen los requisitos. Esa diferencia cambia la lectura de una factura.

El tipo del IVA no equivale al porcentaje incluido en el precio final

La referencia general en el territorio de aplicación del IVA es el 21 %, con tipos reducidos del 10 % y el 4 % y operaciones a tipo cero. Los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992 regulan los tipos general y reducidos; el tipo concreto depende del bien o servicio, así que la etiqueta “producto básico” no basta para decidirlo.

Hay una diferencia útil cuando el precio ya incluye el impuesto. Si un servicio cuesta 121 euros con IVA general incluido, la base imponible es 100 euros y la cuota, 21 euros: el IVA representa aproximadamente el 17,36 % del total pagado, no el 21 %. Para comparar ofertas o calcular el coste neto de un gasto profesional, conviene separar esas tres cifras.

En una vivienda, quién vende suele decidir entre IVA e ITP

Una vivienda nueva vendida por el promotor suele llevar IVA y, normalmente, AJD. Si compras una vivienda usada a una persona particular, lo habitual es tributar por ITP. La Agencia Tributaria utiliza una distinción parecida para otros bienes: un coche usado comprado a un concesionario puede llevar IVA, mientras que comprado a un particular suele quedar sujeto a ITP.

La regla práctica es mirar primero quién transmite el bien y en qué condición. Si vende un empresario o profesional, suele entrar en juego el IVA; si vende un particular, puede aplicarse el ITP. Hay excepciones, por lo que una operación inmobiliaria concreta requiere revisar sus circunstancias y el régimen aplicable.

El importe del ITP y ciertos aspectos del AJD dependen de la comunidad autónoma. Además, en Canarias se aplica el IGIC en lugar del IVA, y en Ceuta y Melilla se aplica el IPSI. Una estimación hecha con reglas de otra comunidad o territorio puede quedarse corta, incluso si el precio de compra es el mismo.

Si el tipo de una factura parece incorrecto, pide que revisen la operación

Un tipo distinto al esperado no demuestra por sí solo que haya un error: puede depender de las características del producto, del servicio o de la operación. Si el desglose no encaja, conserva la factura y pide al emisor que explique el tratamiento aplicado; si confirma un error, corresponde emitir una factura rectificativa.

La rectificación debe emitirse cuando el obligado a facturar conoce el motivo y, con carácter general, antes de que transcurran cuatro años desde el devengo del impuesto, según las reglas de facturación del IVA. Si eres consumidor, pide primero la corrección al vendedor; si eres autónomo o empresa y el error afecta a una deducción o liquidación, revisa también la declaración con asesoramiento fiscal.

Antes de cerrar una compra, separa precio, impuesto y territorio

Para entender el coste, anota el precio total, el impuesto que aparece desglosado y quién vende. En operaciones inmobiliarias, añade la comunidad autónoma; en Canarias, Ceuta o Melilla, confirma qué figura sustituye al IVA. Esa comprobación sencilla evita comparar como equivalentes dos precios sometidos a reglas distintas.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional tributario. Si vas a presentar una declaración, reclamar una cuota o cerrar una compraventa, consulta tu caso con una persona asesora fiscal.

Cierras la contabilidad del trimestre y dudas si ya puedes borrar las facturas antiguas. En España, las facturas vinculadas a impuestos se conservan por regla general durante cuatro años, aunque esa respuesta se queda corta para parte de la documentación de un negocio.

Los cuatro años fiscales no siempre empiezan el día de la factura

Una factura de mayo puede formar parte de una declaración presentada semanas después. Por eso, el plazo fiscal no se calcula sin más mirando la fecha impresa en el documento: el artículo 67 de la Ley General Tributaria sitúa el inicio del cómputo, en el caso de la Administración, en el día siguiente al fin del plazo para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente.

La Agencia Tributaria indica que las facturas recibidas y las copias de las emitidas deben conservarse durante el plazo general de prescripción de cuatro años. La confusión aparece al tomar ese plazo como permiso para eliminar toda la carpeta del negocio: hay obligaciones mercantiles y supuestos fiscales especiales que pueden exigir más tiempo.

Para un negocio, seis años pueden ser la referencia más prudente

Una pyme puede cumplir el plazo tributario y, aun así, tener que guardar documentación por otra obligación. El artículo 30 del Código de Comercio exige conservar durante seis años los libros, la correspondencia, la documentación y los justificantes del negocio, contados desde el último asiento realizado en los libros.

Mi criterio práctico es archivar junta la factura y su soporte contable durante ese plazo mercantil, y no borrar documentos solo porque haya pasado el periodo fiscal general. El cese de la actividad tampoco elimina por sí mismo el deber de conservación previsto en ese artículo.

Una inversión puede alargar la conservación de sus facturas

La compra de un bien de inversión puede tener un recorrido fiscal mayor que un gasto corriente. El artículo 107 de la Ley del IVA prevé regularizar las deducciones de esos bienes durante los cuatro años naturales siguientes al de su adquisición; si empiezan a utilizarse más tarde, el cómputo se ajusta al año en que comienza su uso y a los cuatro siguientes.

La regla de decisión es sencilla: si la factura documenta una compra corriente, aplica los plazos generales que correspondan; si justifica un bien cuya deducción de IVA está sujeta a regularización, conserva el documento durante ese periodo y los cuatro años posteriores. Por ejemplo, una factura de maquinaria no debería archivarse igual que una factura de papelería si la deducción de la primera aún puede regularizarse.

Si llega una comprobación, no destruyas los documentos afectados

Una notificación de Hacienda cambia la decisión práctica aunque creas que el plazo ordinario ya venció. Si la Administración inicia una actuación relacionada con una declaración o una deducción, conserva las facturas y justificantes que puedan estar vinculados al expediente hasta que termine el procedimiento y se resuelvan, en su caso, los recursos.

Si la factura acredita bases o cuotas pendientes de compensación, hay otro matiz: la Ley General Tributaria permite comprobarlas durante un plazo de diez años desde el día siguiente al fin del plazo de presentación de la declaración en que se generaron. No significa que toda factura deba guardarse siempre diez años; sí aconseja conservar los justificantes de las cantidades pendientes mientras puedan ser objeto de comprobación.

Una factura de consumo también puede servir después de pagar

Para una compra personal, la factura no suele guardarse por la obligación contable de una empresa, pero puede ser la prueba que necesitas si el producto falla. El artículo 120 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un plazo de responsabilidad por faltas de conformidad de tres años desde la entrega para bienes nuevos; para bienes de segunda mano se puede pactar un plazo menor, que no baje de un año.

El plazo de garantía y el fiscal responden a preguntas distintas. Si compras un ordenador para uso personal, conserva el justificante mientras pueda respaldar una reclamación; si compras equipos para tu actividad, archívalos también según las obligaciones fiscales y mercantiles que correspondan.

Archiva pensando en el uso futuro de cada documento

Una carpeta digital funciona si las facturas siguen siendo legibles, íntegras y accesibles durante todo el periodo aplicable. Guarda el archivo original, una copia de seguridad y una estructura que permita localizarlo por ejercicio, proveedor o número de factura; un PDF perdido en una bandeja de entrada no es un archivo útil.

Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal o jurídico. Si tienes un procedimiento abierto, una deducción pendiente o una inversión con regularización, consulta el caso con una asesoría antes de eliminar documentos.

La factura completa debe permitir reconstruir la operación

Un número y un importe no bastan. El artículo 6 del Reglamento de facturación exige que la factura deje rastro de quién intervino, qué se vendió o hizo y cómo se calculó el importe.

• Numeración correlativa dentro de cada serie y fecha de expedición. Las facturas rectificativas deben llevar una serie específica.
• Nombre o razón social del emisor y del destinatario, además del NIF del emisor.
• Domicilio de ambas partes y, si procede, el NIF del cliente.
• Descripción de los bienes o servicios, precio unitario sin impuesto, descuentos que no estén ya incluidos y base imponible.
• Tipo o tipos de IVA y cuota repercutida, desglosados cuando correspondan.
• Fecha de la operación o del pago anticipado cuando no coincida con la fecha de emisión.

El NIF del cliente no se exige en todos los casos de la misma manera: es obligatorio, entre otros supuestos, en determinadas operaciones intracomunitarias exentas y cuando el destinatario es el sujeto pasivo del impuesto. Si la operación está exenta o se aplica la inversión del sujeto pasivo, hay que añadir la mención correspondiente; una línea genérica de “IVA 0 %” puede no explicar correctamente el tratamiento fiscal.

La cuenta bancaria y el método de pago pueden facilitar el cobro, pero no forman parte de la lista general de datos fiscales obligatorios. Yo incluiría la fecha de vencimiento y las instrucciones de pago cuando ayuden a evitar dudas comerciales, separándolas claramente del cálculo del impuesto.

La factura simplificada depende del importe y del tipo de operación

El nombre puede despistar: una factura simplificada no es un formato libre. El artículo 4 del Reglamento permite emitirla, por regla general, si el total no supera 400 euros con IVA incluido, y también para determinadas actividades hasta 3.000 euros con IVA incluido, como hostelería, peluquería, aparcamiento o venta minorista a consumidores finales.

El límite superior no se aplica a cualquier venta pequeña. La actividad tiene que estar entre las previstas por la norma, y existen operaciones para las que no cabe este formato. La tabla ayuda a decidir qué pedir o emitir.

Para deducir el IVA de una compra empresarial, conservar un recibo sin los datos adicionales puede quedarse corto. Si el gasto pertenece al negocio, pedir la factura completa desde el principio suele ahorrar correcciones posteriores.

La fecha de emisión y la fecha del servicio pueden ser distintas

Una factura puede llevar dos fechas sin que haya un error: la de expedición y la de realización de la operación. Si, por ejemplo, se termina un servicio un día y se factura más tarde, indica también la fecha del servicio cuando no coincida con la de emisión.

El plazo para emitirla depende de quién recibe la operación. Si el cliente es una empresa o profesional que actúa como tal, la factura debe expedirse antes del día 16 del mes siguiente al devengo del IVA; para los demás casos, la regla general es emitirla al realizar la operación. No confundas ese plazo con la fecha de vencimiento para cobrar: son datos distintos y cumplen funciones distintas.

Si agrupas varias operaciones para el mismo cliente en una factura recapitulativa, deben haberse realizado dentro del mismo mes natural. En operaciones entre empresas, el plazo de emisión se calcula con arreglo a la regla indicada para clientes profesionales, no según cuándo se acuerden para pagar.

Si la factura ya salió con un error, corrígela con otra factura

Enviar una versión editada encima de la anterior deja dos documentos incompatibles. Si la factura emitida incumple los requisitos, contiene un IVA mal calculado o hay que modificar la base imponible, el procedimiento habitual es emitir una factura rectificativa.

1. Identifica el error y comprueba si afecta a la factura o solo a un apunte interno.
2. Emite una nueva factura, con su propia numeración de la serie rectificativa, y señala los datos de la factura corregida.
3. Indica el motivo y muestra la rectificación, ya sea mediante el importe corregido o el resultado final junto con el ajuste.
4. Envía el documento al cliente y conserva ambos documentos vinculados.

La rectificativa debe emitirse tan pronto como se conoce la causa y, conforme a la regla general del Reglamento, dentro de los cuatro años desde el devengo del impuesto o desde que se produjo la circunstancia que permite modificar la base imponible. Ese plazo no convierte en buena idea esperar: cuanto más tarde se corrige, más difícil puede ser cuadrar la contabilidad y el IVA declarado.

Hay una diferencia práctica que suele pasar inadvertida: si la factura está bien y el fallo solo está en el libro de registro, se corrige el registro; no hace falta alterar el documento enviado al cliente. Si el error está en la propia factura, la rectificativa permite mantener el rastro de lo que se emitió y de lo que cambió.

La factura electrónica B2B y el software tienen calendarios distintos

Una revisión breve antes de enviar evita rectificaciones

Antes de enviar cada factura, confirma que la numeración sigue el orden de la serie, que los datos del cliente corresponden a la operación y que el tipo de IVA encaja con lo facturado. Después revisa el total y la fecha: son errores pequeños en pantalla, pero pueden terminar en una rectificativa y en ajustes contables.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal o jurídico. Si hay dudas sobre exenciones, operaciones internacionales o una factura impagada que exige modificar la base imponible, consulta con una asesoría antes de cambiar la factura o la declaración.

Una empresa puede cerrar el mes con beneficios y, aun así, no tener saldo suficiente para pagar nóminas porque varias facturas siguen pendientes. Una previsión de tesorería permite anticipar ese desfase, aunque su acierto depende de cuándo cobras realmente y de qué pagos ya no puedes mover.

Una factura pendiente puede cambiar el saldo de toda la semana

La cuenta de resultados responde si la actividad genera beneficios; la previsión de caja responde si el dinero estará disponible cuando toque pagar. Esa diferencia suele quedar escondida hasta que coinciden una nómina, un vencimiento fiscal y un cliente que paga tarde. Yo trataría cada cobro como incierto hasta que tenga una fecha razonable y respaldo documental.

Empieza con el saldo bancario disponible y añade entradas y salidas por fecha. Incluye facturas emitidas pendientes, ventas que esperas cobrar, proveedores, salarios, cuotas de préstamos, alquileres, impuestos y compras comprometidas. Una factura emitida no es caja: si el cliente suele pagar después del vencimiento, usa una fecha más realista y conserva aparte la fecha contractual.

Para el corto plazo, una vista semanal ayuda a detectar qué día se forma el bache; la mensual puede ocultarlo dentro de una cifra agregada. En ambos casos, calcula el saldo acumulado: saldo inicial más cobros menos pagos. Añade un mínimo de caja operativa que cubra los pagos imprescindibles, en lugar de considerar que cualquier saldo positivo está disponible para gastar.

El retraso de cobro merece una línea propia en la previsión

Los impagos y retrasos no son una rareza estadística. El Informe anual 2025 del Observatorio Europeo de Pagos indicó que el 52 % de las empresas de la Unión Europea tuvo problemas por retrasos en 2024. Para una pyme, esa demora puede propagarse: un cobro que no llega puede obligar a retrasar pagos propios o a buscar financiación con poco margen.

Por eso separa los cobros por grado de certeza. Una factura aceptada y con vencimiento conocido puede entrar en el escenario base; una venta todavía pendiente de aprobación o un hito sin validar encaja mejor en un escenario alternativo. Si la caja solo se mantiene por encima del mínimo cuando cuentas esos ingresos dudosos, ya tienes una señal para actuar.

También revisa el error entre previsión y realidad: si los clientes suelen pagar más tarde de lo que calculabas, ajusta sus fechas futuras. Esa corrección sencilla vale más que añadir decimales a una proyección construida sobre plazos optimistas.

Un cobro de 12.000 euros que se retrasa dos semanas deja un hueco visible

Imagina una pyme con 18.000 euros de caja inicial, pagos previstos de 14.000 euros durante la semana y un cobro de 12.000 euros que el cliente aplaza dos semanas. La previsión que daba por hecho el cobro mostraría 16.000 euros al cierre; al moverlo a la semana real, el saldo baja a 4.000 euros. Si el mínimo operativo fijado por la empresa es 6.000 euros, aparece una alerta antes de que el banco rechace un recibo.

Las cifras son hipotéticas y muestran por qué una previsión debe colocar cada movimiento en su semana probable, no en el mes de la factura. En este caso, la alerta de la primera semana da margen para negociar el calendario de pagos no críticos, reclamar el vencimiento o consultar una opción de financiación antes de necesitarla con urgencia.

El vencimiento legal y el plazo habitual del cliente no son lo mismo

Una demora frecuente puede acabar pareciendo normal, pero el contrato y la normativa siguen marcando el marco de referencia. El artículo 4 de la Ley 3/2004 establece, para operaciones comerciales incluidas en su ámbito, un plazo de pago de 30 días naturales si no se fijó otro; el plazo pactado no puede superar 60 días naturales. Si hay un procedimiento de aceptación o comprobación, este no puede durar más de 30 días naturales y, tras la aceptación, se aplica el plazo de pago previsto por el artículo.

Cuando el ingreso no llega, registra en la previsión tanto la fecha vencida como la nueva fecha estimada, sin borrar el retraso. Conserva factura, pedido, prueba de entrega o prestación, comunicaciones y cualquier aceptación del servicio. La Ley 3/2004 prevé intereses de demora si se cumplen sus requisitos; si hay una disputa sobre la entrega, la aceptación o el contrato, consulta con asesoría antes de calcularlos o reclamarlos.

Una alerta temprana permite elegir entre negociar y financiarse

Define una regla de actuación antes de que aparezca el déficit. Si el saldo previsto cae bajo el mínimo en las próximas semanas, revisa primero cobros dudosos, pagos aplazables y compras todavía no comprometidas; si la brecha persiste después de esa revisión, compara financiación de circulante con el coste y el plazo de la necesidad. Yo evitaría pedir una póliza para tapar un retraso puntual sin comprobar antes si el cliente ha aceptado la factura o si existe una incidencia documental.

Actualiza la hoja al menos una vez por semana cuando el margen sea estrecho: sustituye la semana cerrada por datos reales y añade otra al final. Si la tesorería es estable, una revisión mensual puede bastar, siempre que los vencimientos próximos se controlen con detalle. La previsión gana utilidad cuando cada alerta tiene una persona responsable y una fecha para decidir.

Una proyección no garantiza que los clientes paguen ni sustituye la contabilidad; sirve para convertir incertidumbre en decisiones con tiempo. Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento financiero, jurídico o fiscal: consulta con un profesional antes de tomar decisiones que afecten a la financiación, a una reclamación o al cumplimiento de obligaciones.

Has comprado servicios a una empresa alemana y ahora, al preparar el IVA, dudas si basta con incluir la factura en el modelo 303. El modelo 349 suele ser obligatorio cuando realizas determinadas operaciones intracomunitarias, aunque la periodicidad depende del volumen de algunas ventas y del historial de los trimestres anteriores.

Una factura europea no siempre entra en el 349

La nacionalidad del proveedor, por sí sola, no decide si debes incluir una factura. El artículo 79 del Reglamento del IVA, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, delimita las operaciones recapitulables; entre ellas están ciertas compras y ventas de bienes y servicios entre operadores de distintos Estados miembros.

En una compra de mercancía a un proveedor de otro país de la UE, la operación puede ser una adquisición intracomunitaria de bienes. En cambio, una suscripción a una plataforma de otro Estado miembro requiere revisar las reglas de localización del servicio y la condición del destinatario: el reglamento contempla adquisiciones de servicios sometidas a IVA en España prestadas por empresarios establecidos en otro Estado miembro.

Una venta a una persona particular tampoco se convierte automáticamente en operación declarable por cruzar una frontera. Las instrucciones oficiales excluyen ciertas entregas de bienes cuando el destinatario no tiene un número de identificación a efectos del IVA en otro Estado miembro, pero conviene analizar por separado los servicios y los regímenes especiales.

El umbral de 50.000 euros mira las ventas, no todas las operaciones

La periodicidad trimestral puede aplicarse si las entregas de bienes y prestaciones de servicios que deben declararse no superan 50.000 euros, sin IVA, ni en el trimestre correspondiente ni en cada uno de los cuatro trimestres naturales anteriores. La regla no suma indistintamente compras y ventas: la referencia del umbral son las entregas y los servicios declarables.

Por ejemplo, si las operaciones de salida declarables llegan a 54.000 euros al cierre de febrero, la declaración debe cubrir los meses transcurridos desde el inicio del trimestre. Según las instrucciones de la AEAT, se presenta en los veinte primeros días naturales siguientes e incluye enero y febrero; en cambio, tener compras intracomunitarias elevadas no activa por sí solo ese umbral.

La regla práctica es sencilla: si no superas el umbral en el trimestre actual ni en los cuatro anteriores, puedes declarar trimestralmente; si lo superas al final de un mes, presenta por los meses transcurridos del trimestre en el plazo inmediato. La periodicidad general es mensual, con reglas específicas para el periodo de julio y el último periodo del año.

Las claves separan una compra de una prestación de servicios

Una misma empresa puede aparecer en varias líneas si has hecho operaciones de distinta naturaleza. El modelo agrupa por operador y tipo de operación, así que no conviene sumar en un único registro bienes y servicios.

• A identifica adquisiciones intracomunitarias de bienes; E, entregas intracomunitarias de bienes.
• I corresponde a adquisiciones intracomunitarias de servicios; S, a prestaciones intracomunitarias de servicios.
• La base imponible se declara en euros. Las instrucciones indican que, si la operación se pactó en otra moneda, se convierte atendiendo a la fecha de devengo y a la opción ejercida por el empresario o profesional.

Antes de presentar, coteja cada NIF-IVA, la clave y la base con los registros contables y con el modelo 303 del periodo. Yo prefiero revisar primero la clasificación de la operación: un importe correcto con una clave equivocada puede dejar desalineada la información comunicada por las dos empresas.

Si corriges un periodo anterior, declara el total corregido

El error más fácil de pasar por alto es informar solo de la diferencia. Para rectificar una base de un periodo ya presentado, el Manual práctico del IVA 2026 indica que en la hoja de rectificaciones se consigne el nuevo importe total y el importe declarado anteriormente, identificando el ejercicio y periodo que se corrigen.

Imagina que declaraste 1.000 euros a un proveedor en un trimestre y después la operación queda en 700 euros. En la rectificación del periodo en que se notifica el cambio, identificas el periodo original y consignas 700 como base rectificada y 1.000 como base declarada anteriormente. Si el ajuste ocurre dentro del mismo periodo de declaración, se informa el importe neto en las operaciones declaradas, sin abrir una rectificación de periodos anteriores.

Si el dato equivocado es el NIF del operador, su razón social o la clave, el procedimiento cambia: se registran dos rectificaciones, una que anula el registro anterior y otra con los datos correctos. La AEAT muestra este método en su ejemplo de un NIF comunitario mal consignado; cambiar solo el identificador en una única línea no corrige el registro previo.

Si la rectificación también afecta al IVA liquidado, revisa por separado el modelo 303 correspondiente: corregir la recapitulativa no sustituye la regularización de la autoliquidación. Y si el fallo está en un periodo anterior, guarda la factura rectificativa y la comunicación que justifica el cambio para poder reconstruir el motivo y el momento de la corrección.

Presenta la declaración completa y conserva el justificante

La presentación se realiza por internet con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve, ya sea por la persona declarante o por alguien autorizado. El formulario web de la AEAT permite hasta 40.000 registros; si la declaración supera esa cifra, corresponde utilizar la presentación mediante fichero.

En el formulario, los datos del resumen se calculan a partir de las operaciones y rectificaciones cargadas. La ayuda técnica de la AEAT advierte de que, al presentar una nueva declaración para el mismo periodo, esta reemplaza la anterior: no hay que tratar el trámite como si añadiera automáticamente unos pocos registros a lo ya presentado.

Por eso, si vas a corregir una presentación del mismo periodo, recupera la declaración enviada, realiza los cambios y vuelve a presentar el conjunto completo de registros correctos. Descarga y archiva el justificante de presentación junto con la relación de facturas; ante cualquier discrepancia, ese rastro permite comprobar qué se comunicó y cuándo.

La revisión final evita que un dato correcto acabe en la casilla equivocada

Antes de firmar, comprueba que cada operación corresponda al periodo correcto, que el NIF-IVA y la clave coincidan con la naturaleza de la factura y que las bases se entiendan con el registro de IVA. El modelo es informativo, pero una diferencia con el proveedor puede generar requerimientos y trabajo de rectificación.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal. Si hay operaciones triangulares, ventas en consigna, servicios digitales a particulares o una corrección que también afecte al IVA liquidado, consulta con una asesoría antes de presentar.

Cierras una factura, ves el importe en la cuenta y piensas que ya puedes usarlo; después llega el trimestre y una parte tiene otro destino. En España, la mayoría de quienes trabajan por cuenta propia repercute IVA y lo liquida con Hacienda, aunque el tipo, la actividad y el momento del cobro pueden cambiar el resultado.

Facturar menos de 85.000 euros no te exime del IVA

Una cifra que circula por redes y conversaciones entre autónomos puede dar una falsa tranquilidad: facturar por debajo de 85.000 euros no permite, por sí solo, emitir facturas sin IVA en España. A fecha de 2026, el Punto de Acceso General indica que aquí no existe ese régimen de franquicia para pequeñas empresas; el umbral europeo no se convierte automáticamente en una exención aplicable.

En el régimen general, la factura suele llevar el 21 %, aunque algunos productos y servicios tributan al 10 % o al 4 %, y ciertas operaciones están exentas. La actividad concreta determina el tratamiento: dar clases particulares puede tener un encaje distinto al de vender material didáctico, por ejemplo. Mi criterio es no elegir el tipo por costumbre ni por el del cliente: hay que identificar qué operación se está facturando.

La confusión suele nacer de mezclar tres cosas: el IVA que se repercute al cliente, el que se soporta al comprar para la actividad y el IRPF. Son piezas distintas. El IVA no mide tu beneficio, y una retención de IRPF en factura tampoco sustituye la liquidación del IVA.

Una factura impagada puede dejar IVA pendiente de ingreso

El cliente promete pagar “la semana que viene”, pero la factura ya está emitida. En el régimen general, el aplazamiento del pago no retrasa por sí mismo el devengo: en una prestación de servicios, el impuesto se devenga cuando termina el servicio. Eso puede obligarte a declarar el IVA antes de tener el dinero en la cuenta.

Por ejemplo, terminas un servicio sujeto al tipo general con una base de 3.000 euros y una cuota de IVA de 630 euros; además, tienes una compra profesional con factura completa que incluye 105 euros de IVA deducible. Si ambas operaciones corresponden al mismo trimestre y la compra cumple los requisitos, el saldo de esas cuotas sería 525 euros a ingresar, aunque el cliente todavía no haya pagado. El cálculo no incluye otras operaciones ni ajustes del periodo.

Para negocios con retrasos frecuentes, existe el régimen especial del criterio de caja. Puede retrasar el ingreso del IVA repercutido hasta el cobro, pero también aplaza la deducción del IVA de las compras hasta que se paguen; además, tiene requisitos, exclusiones y una fecha límite de devengo. Según la Agencia Tributaria, pueden optar quienes no superen el volumen de operaciones establecido y cumplan las condiciones del régimen. Si tus clientes pagan tarde, compara el alivio de tesorería con el retraso en deducir tus propios gastos antes de elegirlo.

Un gasto solo reduce el IVA si está ligado a la actividad

Guardar un recibo no convierte una compra personal en gasto deducible. Para deducir el IVA soportado, la adquisición debe estar relacionada con la actividad y cumplir los requisitos formales; en los bienes corrientes, la Agencia Tributaria exige uso exclusivo profesional. Los bienes de inversión pueden deducirse en función de su grado de afectación, que debe poder justificarse.

La diferencia entre exención limitada y plena suele pasar inadvertida. El artículo 20 de la Ley 37/1992 recoge exenciones interiores, como determinados servicios sanitarios y educativos, que no dan derecho a deducir el IVA relacionado; ciertas exportaciones y entregas intracomunitarias exentas sí pueden conservar ese derecho. Si una actividad combina operaciones con y sin derecho a deducción, el cálculo puede requerir prorrata.

Si detectas un error, corrige el modelo y la factura que correspondan

Presentar un modelo 303 con un dato equivocado no significa que debas rehacerlo todo desde cero. Para periodos desde el tercer trimestre de 2024, la vía general es presentar una autoliquidación rectificativa en el propio modelo 303, indicando el justificante de la declaración anterior. Hay excepciones: por ejemplo, la rectificación de cuotas repercutidas indebidamente a otra persona obligada tributaria tiene un cauce distinto.

Si el error está en la factura, puede hacer falta emitir una factura rectificativa además de corregir la autoliquidación. La Agencia Tributaria indica que debe expedirse cuando se repercutió mal el IVA o la factura incumple requisitos, y que, como regla general, no deben haber pasado cuatro años desde el devengo o desde la circunstancia que obliga a modificar la base. En la factura rectificativa identifica la original y explica el motivo.

En el régimen general, la declaración suele ser trimestral mediante el modelo 303: los plazos ordinarios van del día 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero para el cuarto trimestre. Si el vencimiento cae en día inhábil, se traslada al siguiente hábil. Algunos contribuyentes presentan declaraciones mensuales y determinadas situaciones pueden eximir del resumen anual 390, así que no conviene asumir que el calendario es idéntico para todos.

Separa el IVA antes de que llegue el cierre trimestral

Una cuenta o apartado separado ayuda a no confundir el dinero cobrado con el dinero disponible. La cantidad a reservar no tiene por qué coincidir con todo el IVA de las ventas: también intervienen las cuotas deducibles, las operaciones exentas y, si procede, el criterio de caja. Llevar las facturas emitidas y recibidas al día permite estimar el saldo antes de presentar el modelo.

Si la actividad mezcla servicios exentos y sujetos, hay compras de uso mixto o aparecen operaciones internacionales, contrasta el tratamiento antes de trasladarlo al 303. Este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal; consulta con una asesoría tributaria antes de tomar decisiones sobre tu caso concreto.

Una nómina, una prestación o una factura profesional pueden llevar retención de IRPF, y al preparar la declaración conviene saber cuánto se pagó a cuenta. Un certificado de retenciones suele resumir esos importes y quién los abonó, aunque si hubo atrasos o devoluciones puede incluir apartados que cambian cómo se declaran las cantidades.

Un ejemplo útil separa lo cobrado de lo retenido

Imagina que una empresa entrega a una persona empleada un certificado del ejercicio 2025. Un ejemplo sencillo podría mostrar 30.000 euros de percepciones dinerarias y 3.600 euros de retenciones, junto con la identificación de ambas partes y el ejercicio al que corresponden.

Las cantidades son ilustrativas: el porcentaje retenido no se deduce de este ejemplo ni sirve para calcular lo que corresponde a otra persona. La retención de una nómina depende de circunstancias personales y laborales; el certificado acredita lo que se practicó, no determina por sí solo el resultado final de la declaración.

En el modelo de certificado de la Agencia Tributaria también pueden aparecer retribuciones en especie, ingresos a cuenta y gastos fiscalmente deducibles. Por eso, si recibiste seguro médico, vehículo u otra compensación no dineraria, no esperes que todo quede reflejado en una única cifra de salario en efectivo.

Las nóminas permiten detectar diferencias antes de presentar la renta

Una cifra que no coincide a primera vista no siempre indica un error. Puede haber pagas abonadas en otro momento, más de un pagador o conceptos en especie; yo daría prioridad a cuadrar el total anual certificado con los justificantes del mismo pagador antes de modificar datos fiscales.

Si las cifras siguen sin cuadrar, pide a la empresa una corrección o un desglose y señala el importe y el recibo concreto que no coincide. Evita cambiar a mano la declaración basándote solo en una estimación del salario anual.

Los atrasos y los reintegros pueden llevar la renta a otro ejercicio

El detalle que más fácilmente se pasa por alto está en las cantidades cobradas tarde. El certificado correspondiente al ejercicio 2025 contempla un apartado separado para atrasos de ejercicios anteriores, con el ejercicio de devengo, el importe íntegro y la retención practicada.

La Agencia Tributaria indica en ese modelo que los atrasos pueden exigir una autoliquidación rectificativa para ejercicios 2024 y posteriores, o una declaración complementaria para años anteriores, conforme a los plazos previstos en la normativa. No los mezcles sin más con el salario ordinario del año de cobro: primero identifica el ejercicio al que se atribuyen.

También puede aparecer el caso inverso: un reintegro porque se cobró de más en un año anterior. El certificado permite distinguir el año en que se percibió la cantidad del ejercicio en que se devuelve; la corrección de una renta ya presentada depende de ese dato y del periodo afectado.

Si falta el documento, el pagador debe ponerlo a disposición

El artículo 108.3 del Reglamento del IRPF exige que quien retiene expida una certificación de las retenciones y de los datos fiscales del contribuyente incluidos en la declaración anual, y que la ponga a disposición antes de que se abra el plazo de declaración. La obligación corresponde al pagador de la renta, aunque la persona ya no trabaje allí.

Como primer paso, solicita el certificado al departamento de personal o administración por un canal que deje constancia. Si hubo varios pagadores, pide el documento a cada uno; para prestaciones de la Seguridad Social, el INSS ofrece un certificado de las prestaciones abonadas y las retenciones correspondientes.

Si el pagador no responde o ha cesado su actividad, reúne nóminas, certificados bancarios y cualquier justificante disponible y consulta los datos fiscales de la Agencia Tributaria. Si detectas un error, pide primero que el pagador rectifique la información remitida; si ya presentaste la declaración con datos incorrectos, revisa el procedimiento de rectificación aplicable a ese ejercicio.

El modelo cambia según quién pagó la renta

Un certificado laboral sirve para acreditar rendimientos del trabajo; una persona autónoma que recibió honorarios sujetos a retención suele contrastar sus facturas y los certificados emitidos por sus clientes. La forma del documento puede cambiar, pero debe permitir identificar quién pagó, qué renta abonó y cuánto retuvo o ingresó a cuenta.

Si la renta procede de una prestación, un premio o una retribución en especie, no fuerces esos importes dentro de una plantilla de salario ordinario. La Agencia Tributaria distingue categorías en el resumen anual de retenciones, y esa clasificación ayuda a explicar por qué el certificado puede tener campos distintos a los de una nómina corriente.

Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional tributario. Si los atrasos, reintegros o discrepancias alteran una declaración ya presentada, consulta con una asesoría fiscal antes de elegir cómo corregirla.

Guarda el certificado junto con los justificantes del ejercicio

El certificado es la pieza de resumen, mientras que nóminas, facturas y justificantes permiten comprobar de dónde sale cada importe. Conserva ambos tipos de documentos juntos: si luego aparece una cifra corregida o un pago atrasado, tendrás a mano el rastro necesario para revisar la declaración sin reconstruir el año de memoria.

La empresa ha dejado de pagar y cada semana sin ingresos complica las cuentas de casa. FOGASA tiene un plazo máximo de tres meses para resolver una solicitud presentada correctamente, aunque eso no significa que la transferencia tenga que llegar dentro de esos mismos tres meses. El tiempo puede alargarse si falta documentación o si el expediente necesita aclaraciones.

La media oficial fue de 30,92 días, pero mide la resolución

Hay dos cifras que conviene separar: el plazo legal y el tiempo medio que tardan en resolverse los expedientes. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 33.11, fija un máximo de tres meses desde que la solicitud se presenta en forma; la media oficial de resolución puede ser bastante menor.

Como referencia, el informe de FOGASA para julio de 2025 situó la media nacional de resolución en 30,92 días. Es un dato de expedientes resueltos durante ese mes, no una promesa para cada solicitud ni un plazo de transferencia. Si el caso se atasca, la provincia y las incidencias del expediente ayudan a explicar por qué esa media no sirve como fecha individual.

La aprobación no equivale a una transferencia inmediata

Una resolución favorable es una buena noticia, pero todavía hay un paso administrativo entre el reconocimiento y el abono. El Real Decreto 505/1985 establece que, una vez fiscalizado el gasto, se ordene el pago a la Tesorería correspondiente dentro de los tres días siguientes.

Ese plazo se refiere a la orden de pago tras la fiscalización, no al tiempo total hasta ver el dinero en la cuenta. FOGASA explica que, una vez resuelto e intervenido el expediente, la orden pasa a la entidad financiera colaboradora, que gestiona la transferencia. Si ya tienes resolución favorable y no aparece el ingreso, comprueba el estado del expediente y que el IBAN consignado en la solicitud sea correcto.

Un requerimiento puede detener el reloj del expediente

Una notificación para corregir datos o aportar papeles puede dejar el expediente en pausa. La sede electrónica de FOGASA concede 10 días hábiles desde el día siguiente a la notificación para subsanar; el tiempo entre el requerimiento y la respuesta, o hasta que venza ese plazo, suspende el cómputo para resolver.

En la práctica, este detalle explica por qué contar tres meses desde el primer envío puede dar una fecha equivocada. La fecha del requerimiento y la de la respuesta también forman parte de la historia del expediente.

Si pasan tres meses sin resolución, revisa el silencio positivo

El silencio administrativo puede jugar a favor de quien solicita la prestación, pero no elimina los requisitos de acceso. Según el artículo 33.11 del Estatuto de los Trabajadores, si vence el plazo sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse estimada, sin reconocer prestaciones a quien no sea beneficiario ni cantidades por encima de los límites legales.

Guarda el resguardo de registro y calcula el plazo desde la presentación en forma, teniendo en cuenta las posibles suspensiones por requerimientos. Si se cumple el plazo, puedes pedir un certificado acreditativo del silencio; la Ley 39/2015 prevé que la Administración lo expida en quince días desde que expire el plazo máximo, aunque también puede solicitarse. Si recibes una resolución expresa desfavorable o un importe inferior al reconocido, el plazo para demandar ante el Juzgado de lo Social es de dos meses desde el día siguiente a la notificación.

Conserva el resguardo y no dejes vencer la solicitud

La espera ante FOGASA suele coincidir con una etapa de ingresos inciertos; en relatos públicos se repiten la preocupación por no saber en qué estado está el expediente y la dificultad de sostener los gastos mientras llega el pago. Por eso, yo daría prioridad a conservar el resguardo de presentación, las notificaciones y cada justificante de subsanación: con esas fechas puedes comprobar qué plazo está corriendo y reclamar con más claridad.

El plazo general para solicitar la prestación es de un año desde el acto de conciliación, la sentencia, la resolución de la autoridad laboral o la resolución judicial complementaria. Puede interrumpirse por acciones ejecutivas o por el reconocimiento del crédito en el concurso, entre otras causas previstas. Este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional laboralista; consulta tu caso antes de decidir cómo reclamar o impugnar una resolución.

La factura de un cliente vence dentro de varias semanas y el banco te ofrece cobrarla antes. El confirming suele permitir ese anticipo, aunque el coste y quién asume el riesgo dependen de las condiciones de la operación.

El banco ordena el pago, pero la empresa sigue debiendo la factura

Imagina que una pyme recibe una factura de un proveedor y la valida para pagarla más adelante. Con el confirming, la empresa transmite la orden a una entidad financiera, que avisa al proveedor de la fecha e importe previstos; este puede esperar al vencimiento o solicitar un anticipo.

La operación tiene tres participantes: la empresa pagadora, el banco o entidad financiera y el proveedor. La empresa gana gestión centralizada de pagos; el proveedor recibe una opción de liquidez. Yo lo resumiría así: el confirming puede facilitar el cobro, pero no convierte automáticamente cada factura en dinero disponible.

Para la empresa, el servicio puede implicar comisiones de gestión y costes de la línea o del aplazamiento, según lo pactado. Para el proveedor, anticipar suele descontar del nominal intereses y comisiones; si espera a la fecha acordada, no solicita ese anticipo y el coste puede ser distinto.

Anticipar compensa cuando el neto supera tu alternativa de caja

Al recibir una oferta, mira cuánto ingresas en la cuenta, no solo el tipo de interés que aparece destacado. Pide el importe neto del anticipo y comprueba qué conceptos se descuentan, la fecha de abono y si la oferta incluye cobertura frente al impago.

La regla práctica es sencilla: si necesitas liquidez antes del vencimiento, compara el coste total del confirming con el de tu financiación alternativa; si esta última cuesta más, el anticipo puede convenir. Si no necesitas caja y puedes esperar sin poner en tensión pagos o compras, cobrar al vencimiento evita pagar por adelantar dinero.

Por ejemplo, una empresa que debe pagar nóminas antes de cobrar una factura puede preferir el anticipo si el coste resulta menor que el de su póliza de crédito. En cambio, si tiene tesorería suficiente, aceptar el descuento por anticipado puede reducir el margen sin aportar una ventaja equivalente.

Con recurso puede volver al proveedor parte del riesgo

La etiqueta del producto no basta para saber quién soporta un impago. En una operación sin recurso, el proveedor suele ceder el derecho de cobro y la entidad asume el riesgo de insolvencia del pagador en los términos acordados; con recurso, el contrato puede permitir que la entidad reclame al proveedor si el cliente no paga.

Antes de aceptar, revisa el contrato de cesión y las condiciones de la factura concreta. Busca expresiones como “con recurso”, supuestos de devolución del anticipo y posibles exclusiones; si el aviso no permite localizar esas condiciones, pide el documento completo antes de firmar.

También distingue entre el anticipo y la mera notificación de una orden de pago. Que el banco comunique una factura no significa que ya hayas cobrado ni que todas las incidencias queden cubiertas del mismo modo: la protección depende de la modalidad y de lo firmado.

La orden de confirming no alarga por sí sola el plazo legal

Una empresa puede usar confirming para gestionar pagos, pero la herramienta no autoriza por sí misma a aplazar una factura más allá de lo permitido. Para operaciones comerciales entre empresas, el artículo 4 de la Ley 3/2004 fija un plazo de 30 días naturales cuando no se ha determinado otro en el contrato y permite pactar una ampliación, con un máximo general de 60 días naturales, sin perjuicio de reglas especiales.

La misma ley regula el procedimiento de comprobación de bienes o servicios cuando se haya previsto: su duración no puede exceder de 30 días naturales desde la recepción, y el plazo de pago se cuenta desde la aceptación o verificación. Por eso, si una factura aparece en confirming con un vencimiento posterior al pactado, no des por hecho que el aviso bancario corrige el contrato.

Si el importe o la fecha no cuadran, detén el anticipo

La factura, el aviso bancario y el acuerdo comercial deben referirse a la misma operación. Si encuentras una diferencia, primero identifica si el problema está en la factura, en la orden enviada por el cliente o en las comisiones del anticipo.

Si la disputa es comercial, empieza por el cliente que emitió la orden; si afecta a una comisión o condición bancaria, reclama primero a la entidad. Para una reclamación bancaria de una empresa, el Banco de España permite acudir a su servicio de reclamaciones si no hay respuesta en dos meses o si la respuesta no resuelve el problema.

El uso del confirming ya forma parte del circulante empresarial

La Asociación Española de Factoring informó que el negocio de confirming en España alcanzó 141.901 millones de euros en 2025, un 4,1 % más que el año anterior. La cifra agrupa anticipos y aplazamientos al cliente, así que no equivale únicamente al dinero adelantado a proveedores.

Ese volumen muestra que la herramienta está asentada en la gestión empresarial, pero no dice si las condiciones de una factura concreta son buenas. Para decidir, vuelve a lo esencial: importe neto, fecha real de cobro, coste completo y alcance del recurso.

Antes de aceptar, comprueba quién cobra y quién responde

El confirming puede ordenar los pagos de una empresa y ofrecer financiación al proveedor, siempre que el anticipo tenga sentido para su tesorería. Si tienes dudas sobre un contrato o una decisión de financiación, consulta con una persona asesora financiera; este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento financiero profesional.

Una pequeña empresa compra un ordenador para trabajar y quiere saber qué importe llevar cada año a gastos. La tabla fiscal puede orientar la deducción, pero la cuota contable depende de cuánto tiempo se espera usar el equipo y de cuándo queda listo para funcionar.

La tabla fiscal no fija por sí sola la cuota contable

La confusión suele empezar cuando se aplica al asiento contable el porcentaje que aparece en la tabla de Hacienda. Son dos cálculos con finalidades distintas: la contabilidad representa el consumo esperado del activo y la fiscalidad determina qué depreciación puede deducirse.

Por ejemplo, para los equipos para procesos de información, la tabla fiscal establece un coeficiente lineal máximo del 25 % y un periodo máximo de 8 años. Esos límites ayudan a comprobar la deducción fiscal, pero no demuestran que un ordenador vaya a durar ocho años en el negocio.

Un ordenador de 1.200 euros puede generar ajustes durante cuatro ejercicios

Imagina que una empresa compra por 1.200 euros un ordenador que queda listo para funcionar al inicio del ejercicio. Estima que lo utilizará durante tres años, sin valor residual, así que registra una amortización contable anual de 400 euros; si aplica el coeficiente fiscal máximo del 25 %, la deducción fiscal anual sería de 300 euros.

La diferencia entre ambas cuotas se ajusta en la declaración del impuesto. En los tres primeros ejercicios, el gasto contable supera la deducción fiscal; en el cuarto, el equipo ya no genera gasto contable, pero queda cuota fiscal pendiente de deducir.

El ajuste no cambia el asiento contable: corrige el resultado a efectos fiscales y se revierte con el tiempo. Si la empresa no lleva un control de las diferencias temporarias, puede perder de vista en qué ejercicios corresponde cada ajuste.

El tipo de activo cambia el límite que se puede aplicar

Un nombre parecido en una factura puede esconder categorías fiscales distintas. En la tabla de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por ejemplo, los equipos electrónicos tienen un coeficiente máximo del 20 % y un periodo máximo de 10 años; los equipos para procesos de información, del 25 % y 8 años; y los sistemas y programas informáticos, del 33 % y 6 años.

Por eso, antes de trasladar un porcentaje a la hoja de cálculo, identifica qué se adquirió: un ordenador, un equipo electrónico integrado en una instalación o una licencia de software pueden requerir clasificaciones diferentes. La descripción comercial de la factura no siempre resuelve por sí sola esa clasificación.

Si cambia la vida útil, ajusta las cuotas futuras y conserva la justificación

En la práctica, documenta qué cambió, desde cuándo afecta y qué información respalda la nueva estimación; después, distribuye el valor pendiente entre la vida útil restante y aplica la nueva cuota a los ejercicios siguientes. No reescribas automáticamente las amortizaciones ya contabilizadas: si el problema fue un error, analiza su corrección como tal.

Si el cambio también altera la deducción fiscal, revisa por separado los ajustes pendientes. Una estimación contable revisada no modifica automáticamente la tabla fiscal, y mezclar ambos pasos puede producir una cuota difícil de defender.

El asiento y el control anual evitan saldos que no cuadran

Antes de cerrar, compara el registro de activos con las facturas y comprueba que cada bien esté en uso, tenga una vida útil documentada y conserve su fecha de puesta en servicio. Para un negocio pequeño, una hoja por activo con coste, valor residual, método, cuota anual y diferencia fiscal pendiente puede bastar para seguir el rastro sin mezclar ambos cálculos.

Cierras una comida de trabajo con un ticket y, al preparar los gastos, te piden una factura con los datos de la empresa. La factura de canje suele servir para sustituir una factura simplificada por una completa, siempre que el documento original sea correcto; si contiene un error, el trámite cambia.

Un ticket correcto se puede completar; uno erróneo se rectifica

La diferencia parece pequeña hasta que llega el cierre del trimestre. En el canje, la venta se mantiene tal como ocurrió y cambia el formato de la factura para identificar al cliente; en una rectificativa, se corrige una factura que nació con un dato o importe incorrecto, o cuya base imponible debe modificarse.

El artículo 15.6 del Reglamento de facturación aclara que una factura expedida en sustitución de facturas simplificadas no tiene, por ese motivo, la consideración de rectificativa. Yo separaría ambos casos desde el principio: pedir que el ticket lleve el NIF de la empresa apunta a un canje; detectar un importe equivocado apunta a una rectificación.

La clave F3 evita que el mismo ticket sume dos veces el IVA

Imagina que una empresa paga una comida de trabajo de 121 euros y recibe una factura simplificada. Días después solicita una factura completa a nombre de la sociedad. La nueva factura debe identificar al destinatario y referenciar el documento simplificado que sustituye; el importe de la operación no cambia.

En el registro de facturación, la Agencia Tributaria contempla la clave F3 para la factura sustitutiva, sin un asiento negativo que anule las simplificadas reemplazadas. Así, el IVA de la nueva factura no se acumula de nuevo al ya registrado. Si el programa, en cambio, registra un abono del ticket original, la Agencia indica que la factura posterior se registre como F1. La ruta depende de cómo se contabilizó la operación, no de cómo se llame el botón del programa.

Para preparar el documento, reúne el número, la serie, la fecha y el importe de cada ticket; incluye los datos fiscales correctos del cliente y conserva la relación entre los documentos. Si se canjean varios tickets en una sola factura, deben quedar identificados de forma que el vínculo pueda reconstruirse después.

El tipo de incidencia determina el documento que debes emitir

Cuando una factura ya está en el sistema, corregirla sin revisar su historial puede duplicar ventas o dejar un rastro contable incoherente. Esta tabla ayuda a distinguir el camino según lo ocurrido.

El caso más delicado es el último: el sistema puede conservar los documentos originales aunque el cliente reciba una factura completa. No borres ni cambies el ticket por tu cuenta; primero confirma cómo se registró y qué método admite el software conforme a las obligaciones aplicables.

Los cuatro años para rectificar no son un plazo general de canje

Es habitual encontrar referencias a un plazo de cuatro años, pero ese periodo no debe trasladarse automáticamente a cualquier solicitud de factura de canje. El Reglamento lo contempla para expedir facturas rectificativas, con el cómputo ligado al devengo del impuesto o a las circunstancias que permiten modificar la base imponible.

Por eso, si una empresa pide hoy la factura completa de un gasto antiguo, no des por hecho que esa regla resuelve por sí sola la solicitud. Revisa la fecha de la operación, si el ticket está identificado y contabilizado, y las condiciones específicas del proveedor o del sector. Si el destinatario necesita deducir el IVA, la factura simplificada debe incluir los datos del destinatario y la cuota desglosada; conviene pedirlo al realizar la compra.

Una trazabilidad clara protege el cierre contable

El canje debería dejar una historia fácil de seguir: operación, ticket original, factura completa y registro contable relacionado. Cuando cada documento conserva su función, resulta más sencillo justificar el gasto y detectar si el IVA se ha contabilizado una vez o dos.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal. Si el ticket ya se declaró, afecta a una deducción de IVA o hay dudas sobre una rectificación, consulta con una asesoría antes de modificar los registros.

La empresa vende una máquina usada, emite la factura y al preparar el asiento aparece la duda: ¿el precio cobrado va a ingresos por ventas? En una venta aislada de inmovilizado material, el resultado suele anotarse en la cuenta 771 o la 671, pero la cifra depende del valor contable que tenga el activo justo en la fecha de venta.

La cuenta 771 o 671 depende del valor contable

El dato que suele despistar está en la factura: el IVA cobrado no es un ingreso de la venta. Para calcular el beneficio o la pérdida se toma el precio sin IVA y se compara con el valor contable del activo en la fecha de baja.

El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 indica que el beneficio o la pérdida surge al comparar lo obtenido, descontados los costes de venta, con el valor contable. Para un inmovilizado material, la diferencia positiva se lleva normalmente a la 771; si es negativa, a la 671. La cuenta 477 recoge el IVA repercutido, que queda separado del resultado.

El valor contable parte del coste de adquisición y resta la amortización acumulada y, si lo hay, el deterioro acumulado. Por eso el importe de la factura, por sí solo, no permite saber si la operación genera beneficio.

Amortiza hasta la fecha de venta antes de calcular el resultado

Una máquina puede tener una amortización registrada al cierre anterior y seguir usándose durante parte del año en que se vende. La amortización de ese periodo también entra en el cálculo; si se omite, el valor contable queda inflado y el beneficio o la pérdida sale distorsionado.

La Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013 establece que la amortización cesa cuando el activo se clasifica como mantenido para la venta. En el caso ordinario, calcula y registra la amortización hasta la fecha de baja; si hubo deterioro, cancela también la cuenta correctora correspondiente al retirar el activo.

Para mí, el control más útil antes de contabilizar la venta es conciliar la ficha del inmovilizado con el mayor contable: coste, amortización y deterioro deben corresponder al mismo bien. Esa comprobación también ayuda a detectar amortizaciones que no se registraron en ejercicios anteriores, un error que no conviene tapar metiendo una cifra improvisada en la 671.

Una máquina de 25.000 € puede generar un beneficio de 1.250 €

Imagina una máquina cuyo coste registrado es de 25.000 €. Hasta el cierre anterior acumula 10.000 € de amortización; desde entonces hasta la venta se registran otros 750 €, y existe un deterioro acumulado de 1.500 €. Se vende por 14.000 € más IVA y no hay costes de venta.

La máquina queda con un valor contable de 12.750 € después de amortización y deterioro; frente a un precio de venta neto de 14.000 €, el resultado es un beneficio de 1.250 €. Si el cobro queda aplazado, sustituye Bancos por el crédito que corresponda: el PGC contempla la cuenta 543 para vencimientos a corto plazo y la 253 para los de largo plazo.

Que el bien sea usado no significa que puedas aplicar el REBU

En una venta normal de maquinaria, mobiliario o un vehículo de empresa, lo habitual es emitir factura y repercutir el IVA correspondiente. La Agencia Tributaria explica que el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección está dirigido a revendedores que reúnen sus requisitos; vender un equipo que la empresa utilizó en su actividad no basta para acogerse a ese régimen.

El tipo general del IVA es del 21 %, aunque hay excepciones. En particular, la venta de inmuebles puede quedar exenta o aplicar inversión del sujeto pasivo si se cumplen condiciones específicas, así que no conviene copiar automáticamente el tratamiento de una máquina o una furgoneta.

Si el asiento no cuadra, revisa primero estos tres puntos

Cuando el debe y el haber no coinciden, la diferencia suele estar en una de estas piezas: la amortización actualizada, el IVA calculado sobre la base correcta o la cancelación de todas las cuentas asociadas al activo. No uses la 671 o la 771 como cifra de ajuste sin reconstruir el valor contable; el resultado debe explicar la diferencia económica de la operación.

• El resultado parece demasiado alto: comprueba que registraste la amortización hasta la fecha de venta y que diste de baja cualquier deterioro.
• El asiento repite el cobro: separa la factura y el asiento de baja, si el programa los genera por separado, y evita volver a cargar Bancos por el mismo importe.
• La factura no lleva IVA: confirma si existe una exención o inversión del sujeto pasivo; que el bien sea de segunda mano no resuelve esa cuestión.

El asiento ordenado deja tres cosas claras: el activo ya no está en el balance, el IVA no se confunde con el resultado y la ganancia o pérdida responde al valor contable real. Este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional contable o fiscal; consulta con una persona asesora antes de cerrar una operación con inmuebles, deterioros pendientes o errores de amortización de años anteriores.

Una empresa presenta un ROE atractivo y estás pensando si eso basta para confiar en su rentabilidad. El ROE suele mostrar cuánto beneficio obtiene el capital propio y el ROA cuánto producen los activos, aunque la deuda puede hacer que el primero parezca mejor sin que el negocio haya ganado eficiencia.

El ROE mira el capital propio; el ROA, todos los activos

Piensa en una empresa que gana dinero con una tienda, su inventario y sus equipos. El ROA relaciona ese beneficio con los recursos que utiliza; el ROE lo compara con la parte financiada por sus propietarios. La diferencia ayuda a entender de dónde sale la rentabilidad.

Para comparar periodos, prefiero usar saldos medios, porque el beneficio se genera a lo largo del año y el balance refleja una situación en una fecha concreta. Con ese criterio, las fórmulas quedan así:

Hay análisis que calculan el ROA con el beneficio antes de intereses e impuestos, en vez del beneficio neto. Ambos criterios pueden servir, pero mezclarlos al comparar empresas produce conclusiones engañosas; comprueba siempre qué cifra se ha usado como numerador.

Una empresa puede duplicar su ROE sin mejorar el negocio

Imagina dos compañías con el mismo beneficio neto anual de 120.000 euros y activos medios de 1.500.000 euros. La primera tiene un patrimonio medio de 600.000 euros; la segunda, de 1.200.000. El resto de los activos se financia con pasivos, que pueden incluir deuda y obligaciones con proveedores.

El cálculo deja una advertencia práctica: la empresa A no genera más beneficio por cada euro de activo, aunque su ROE sea el doble. Es una comparación ilustrativa que mantiene iguales el beneficio y los activos; en una empresa real, los intereses de la financiación también pueden cambiar el beneficio neto.

Cuando el ROE supera al ROA, revisa si el multiplicador del patrimonio es elevado y contrástalo con la deuda y los gastos financieros. Si ambos ratios suben porque mejora el margen o la rotación, la explicación apunta más al negocio; si solo sube el ROE mientras crece el apalancamiento, examina el riesgo de esa financiación.

DuPont separa margen, rotación y apalancamiento

Un ROE aislado es como una cifra en la última línea de una cuenta: dice cuánto, pero no por qué. El análisis DuPont descompone el ROE en tres piezas: margen neto, rotación de activos y multiplicador del patrimonio. El manual abierto de gestión financiera para pequeñas empresas de la Universidad Estatal de Michigan describe esta descomposición como una forma de distinguir eficiencia operativa y apalancamiento.

En el ejemplo anterior, el multiplicador es mayor en la empresa A y explica por qué su ROE se separa del ROA. Yo daría más crédito a un ROE que mejora junto con el margen o la rotación que a uno impulsado principalmente por una base de patrimonio reducida.

El patrimonio negativo puede volver inútil el ROE

Un porcentaje extremo puede parecer una señal de éxito, pero si el patrimonio neto es muy pequeño o negativo, el denominador deja de ofrecer una referencia estable. El ROE puede dispararse o perder sentido; no lo interpretes como una rentabilidad extraordinaria sin revisar antes el balance y la evolución de los beneficios.

Para leer las cifras, combina la cuenta de pérdidas y ganancias con el balance y el estado de flujos de efectivo. La guía de estados financieros de la SEC distingue entre el balance, que presenta activos y financiación en una fecha, y los estados de resultados y flujos, que recogen actividad durante un periodo. Esa diferencia temporal explica por qué conviene usar saldos medios y por qué un beneficio contable no garantiza que haya entrado efectivo.

Lee ambos ratios como pistas y contrasta la caja

El ROE responde a la rentabilidad contable del patrimonio; el ROA ayuda a valorar el rendimiento de los activos. Ninguno, por sí solo, informa si la empresa podrá pagar sus obligaciones o si repetirá esos resultados. La lectura más útil empieza por explicar qué mueve cada ratio y termina comprobando deuda, márgenes, caja y comparables del sector.

Este texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de una persona profesional en finanzas. Antes de tomar una decisión de inversión o de financiación, contrasta las cuentas y consulta con un asesor financiero que pueda valorar tu situación.

La cuenta 555 solo encaja con un cobro recibido sin identificar

Un abono bancario sin nombre reconocible crea una duda contable, pero no autoriza a inventar su origen. El Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, reserva la cuenta 555, «Partidas pendientes de aplicación», para remesas de fondos recibidas cuya causa no resulta identificable al principio y que no pertenecen a otra cuenta por su naturaleza.

La condición es temporal: el plan indica que el importe permanece ahí el tiempo estrictamente necesario para averiguar su causa. Yo prefiero tratar cada apunte como una incidencia con responsable y seguimiento, porque dejarlo en el mayor sin una pista de investigación convierte una solución provisional en un saldo opaco.

La contrapartida depende de si el cliente paga una factura o adelanta dinero

Cuando identificas quién envió el dinero, todavía falta una pregunta: ¿qué obligación está saldando? Si el cliente pagó una factura ya contabilizada, la aplicación ordinaria carga la 555 y abona la cuenta 430 de clientes. Así se elimina el cobro provisional y se cancela el derecho de cobro correspondiente.

Si el dinero llegó antes de emitir la factura o prestar el servicio, no lo trates automáticamente como el pago de una factura vencida. Puede corresponder a un anticipo de cliente, cuya cuenta contable dependerá de la operación y de la documentación disponible; el concepto bancario por sí solo no resuelve el tratamiento.

Un cobro de 968 euros puede cerrar una factura o seguir siendo un anticipo

Imagina que la transferencia de 968 euros aparece en el extracto sin una referencia útil. Mientras solicitas al banco el detalle del ordenante y comparas el importe con los cobros esperados, el asiento provisional mantiene cuadrada la cuenta bancaria sin atribuir el dinero a un cliente al azar.

Más tarde, el cliente identifica el pago y aporta el número de factura pendiente. Si esa factura ya figura en la cuenta 430, aplicas Debe: 555, 968 euros; Haber: 430, 968 euros. Si, en cambio, confirma que pagó antes de recibir el servicio, el apunte no debe cancelar una factura inexistente: revisa el pedido y contabiliza el anticipo conforme a la operación.

El dato que cambia la decisión no es que coincida el importe, sino que exista evidencia que conecte el cobro con la operación. Un importe idéntico puede repetirse entre clientes o coincidir con varios documentos; guarda la confirmación, el justificante y la referencia que permita reconstruir la asignación.

Un saldo deudor o antiguo pide revisar el asiento de origen

Una 555 con saldo acreedor pendiente señala dinero recibido que aún no se ha aplicado. Si el saldo es deudor, revisa primero cómo se generó: puede haber un pago cargado ahí por error, un asiento invertido o una cuenta puente utilizada para corregir un descuadre.

También conviene separar una partida del ejercicio en curso de un error que viene de ejercicios anteriores. La norma de registro y valoración 22.ª del PGC establece que la subsanación de errores anteriores sigue las reglas previstas para los cambios de criterio, con ajuste del efecto acumulado y la información correspondiente en la memoria. No consiste en llevar el saldo sin más a ingresos o gastos para hacer desaparecer la cuenta.

Una ficha por movimiento facilita el cierre y evita saldos sin explicación

Para cada partida pendiente, conserva una ficha breve con fecha, importe, extracto, asiento provisional, hipótesis y gestiones realizadas. Añade el documento que cierre la investigación, como la confirmación del cliente o el justificante bancario, y enlázalo con el asiento definitivo.

Si al cierre sigue sin conocerse el origen, el saldo no se vuelve correcto por llevar tiempo en la cuenta. El texto tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento contable o fiscal; consulta con un profesional antes de decidir el tratamiento de una partida que no puedas documentar, especialmente si procede de ejercicios anteriores.

La aseguradora carga una póliza anual en octubre y el extracto bancario deja un gasto claro; al cerrar el ejercicio, sin embargo, puede que una parte todavía no corresponda a ese año. La prima suele registrarse en la cuenta 625, aunque el periodo cubierto y quién recibe la protección pueden cambiar el asiento.

La cuenta 625 excluye los seguros del personal y los financieros

Una póliza del local, de responsabilidad civil o de un vehículo afecto a la actividad suele ir a (625) Primas de seguros. El Plan General de Contabilidad delimita esa cuenta y deja fuera los seguros del personal y los de naturaleza financiera, una distinción que evita acumular coberturas distintas en el mismo gasto.

En los seguros vinculados al personal, la naturaleza de la cobertura orienta la clasificación: por ejemplo, un seguro social puede contabilizarse en el subgrupo 64, como otros gastos sociales. Yo separaría estas pólizas desde el registro inicial: luego es más fácil explicar por qué una prima aparece en gastos de explotación y otra en gastos de personal.

Una póliza que cruza diciembre deja parte en la cuenta 480

El cargo bancario indica cuándo se paga, no a qué ejercicio pertenece toda la cobertura. El principio de devengo del Plan General de Contabilidad asigna el gasto al periodo en que se recibe la protección; cuando una parte queda para el siguiente ejercicio, se lleva a (480) Gastos anticipados.

Imagina una póliza de 1.200 € con cobertura del 1 de octubre al 30 de septiembre siguiente, pagada al inicio. Si el cierre es el 31 de diciembre, tres meses corresponden al ejercicio que termina y nueve al siguiente. El gasto de este ejercicio es de 300 €; los 900 € restantes quedan como gasto anticipado.

El asiento de cierre corrige el gasto que ya se había registrado; no genera otro pago. Si la póliza se recibe primero y queda pendiente de pago, se puede reconocer la deuda en (410) Acreedores por prestaciones de servicios y cancelarla cuando se abone. Lo que no cambia es el reparto según el periodo cubierto.

Que el recibo no lleve IVA no significa que todo sea deducible

Las operaciones de seguro están exentas de IVA según la Ley del IVA, así que la prima no lleva una cuota de IVA soportado que la empresa pueda deducir. Si el recibo desglosa otros conceptos, consérvalo con la póliza y registra el coste atendiendo a su naturaleza y a si es recuperable.

La exención del IVA y la deducción fiscal del gasto son asuntos distintos. Una póliza relacionada con la actividad puede registrarse como gasto, pero un seguro personal pagado por la empresa exige revisar quién queda cubierto y por qué; el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades excluye, entre otros, los donativos y liberalidades, con las salvedades previstas en la propia norma. No daría por deducible una prima solo porque figure en la contabilidad.

El beneficiario y las fechas del recibo ayudan a detectar errores

Cuando el importe del seguro parece correcto pero la cuenta no cuadra, conviene contrastar tres datos: qué cubre, a quién cubre y durante qué fechas. La tabla permite localizar el punto que requiere revisión antes del cierre.

La documentación ayuda a sostener tanto la clasificación contable como la fiscal: guarda el recibo, la póliza y el justificante de pago juntos. Si el seguro beneficia a una persona vinculada con la empresa o su tratamiento no está claro, consulta con una asesoría antes de cerrar el asiento.

El extracto prueba el pago, pero la póliza explica el gasto

Para contabilizar una prima de seguros, sigue primero las fechas de cobertura y después clasifica el tipo de riesgo y a sus beneficiarios. Así, el cargo bancario deja de decidir por sí solo cuánto gasto corresponde al ejercicio.

Este contenido es informativo y no sustituye el asesoramiento contable o fiscal. Antes de tomar decisiones sobre deducibilidad o seguros de personas vinculadas, consulta con una asesoría que pueda revisar la póliza y las circunstancias de la empresa.

La retención depende de la actividad y de quién paga

Dos facturas por el mismo importe pueden llevar un desglose distinto. La retención suele aparecer en los rendimientos de actividades profesionales cuando paga una empresa, una entidad o una persona que actúa como empresario en el ejercicio de su actividad; en cambio, una venta a un consumidor particular normalmente no lleva esa retención profesional.

El artículo 95 del Reglamento del IRPF fija, con carácter general, un 15 % para actividades profesionales. Puede aplicarse el 7 % durante el año de inicio y los dos siguientes si no se ejerció actividad profesional en el año anterior; para usarlo, hay que comunicar esa circunstancia al pagador por escrito y este debe conservar la comunicación firmada.

Ser autónomo, por sí solo, no resuelve la duda: una actividad empresarial no pasa a ser profesional solo por emitir facturas. Yo empezaría por comprobar cómo está clasificada la actividad en el IAE y si quien paga actúa como empresa; esa combinación evita aplicar una retención por costumbre.

La retención reduce el pago, no el total de la factura

La confusión suele aparecer al ver tres líneas juntas. La base imponible es el precio del servicio antes de impuestos, el IVA se añade cuando corresponde y la retención de IRPF se descuenta del dinero que transfiere el cliente.

El ejemplo supone un servicio sujeto al tipo general de IVA. La Agencia Tributaria aclara que la retención afecta al cobro, pero no reduce el total de factura: el cliente abona al profesional el importe neto y entrega la cantidad retenida a Hacienda por cuenta de quien emitió la factura.

Por eso, si un programa de facturación muestra la retención como una resta dentro del total, conviene distinguir ese resultado del campo «Total factura». La separación evita que el importe registrado como ingreso de la operación se confunda con el dinero que llega a la cuenta.

El porcentaje retenido puede cambiar tu obligación de presentar el modelo 130

El umbral se refiere a los ingresos de la actividad, no al porcentaje de retención aplicado a cada factura. Si durante el año anterior se retuvo en algo menos de siete de cada diez euros de ingresos profesionales, no se alcanza el requisito; si se llega al 70 % o se supera, puede operar la exención para esas actividades. Al iniciar la actividad, el cálculo toma los ingresos retenidos del periodo trimestral correspondiente.

Si el pago no coincide con la factura, revisa quién debía retener

Una diferencia entre lo facturado y lo cobrado puede ser un error de cálculo, una retención pendiente o una factura a la que no correspondía retener. Antes de contabilizarla como un pago incompleto, identifica la situación concreta:

Guarda juntos el desglose, el pago y el certificado

Una factura con retención deja dos rastros que deben encajar: el documento que registra la operación y el justificante de lo que ingresó el cliente. Conserva también la comunicación firmada si aplicaste el tipo reducido, porque permite acreditar por qué el pagador usó ese porcentaje.

Mi criterio es no tratar la retención como dinero disponible: es un anticipo del IRPF que se regulariza en la declaración, mientras que el IVA repercutido sigue su propio circuito. Este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional fiscal; consulta con una asesoría antes de corregir una factura o decidir cómo declarar una retención discutida.

Has decidido dejar el trabajo y necesitas comunicarlo sin convertir una carta breve en un problema de fechas. Un modelo sencillo suele bastar para presentar la baja voluntaria, siempre que la fecha de salida respete el preaviso aplicable, que puede depender de tu convenio.

Modelo de carta sencillo para copiar y completar

Una carta eficaz cabe en pocas líneas: comunica la decisión y fija cuándo tendrá efecto. Yo dejaría fuera los motivos personales y las explicaciones largas; no hacen falta para que la comunicación sea clara.

[Nombre y apellidos]
[DNI/NIE]
[Localidad], [fecha de entrega]

A la atención de [nombre de la empresa o departamento de Recursos Humanos]:

Por medio de la presente, comunico mi decisión de causar baja voluntaria en la empresa [nombre de la empresa]. La fecha de efectos será el [último día de trabajo], respetando el preaviso que me corresponde.

Solicito que, en la fecha de finalización, se prepare la liquidación de las cantidades pendientes.

Atentamente,
[Firma]
[Nombre y apellidos]

En la frase sobre el preaviso, puedes indicar el plazo exacto si ya lo has confirmado. Si aún no sabes cuál es, la fórmula «respetando el preaviso que me corresponde» evita afirmar un número que quizá no sea correcto; lo importante es verificarlo antes de fijar el último día.

Los quince días no son un plazo universal

El artículo 49.1.d del Estatuto de los Trabajadores remite el preaviso de la dimisión al que señalen el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Por eso, repetir que siempre hay que avisar con quince días puede llevar a elegir una fecha equivocada: el Estatuto no establece esos quince días como regla general para toda baja voluntaria.

Empieza por revisar el convenio que aparece en tu contrato o nómina. Si no lo encuentras, puedes pedir a la empresa que te confirme cuál aplica; para consultar textos publicados existe el buscador oficial REGCON. Busca dentro del convenio términos como «dimisión», «cese voluntario» o «preaviso» y comprueba si el plazo cambia según el puesto.

Si el convenio aplicable fija un plazo específico, usa ese plazo para calcular la fecha de efectos. Si no encuentras una regla clara, no des por sentado que el contrato o una costumbre general resuelven la duda: pide confirmación por escrito antes de entregar una carta con una fecha cerrada.

La prueba de entrega evita discusiones sobre cuándo avisaste

Una carta firmada puede acabar en un cajón sin que quede claro qué día llegó a la empresa. Entrégala por duplicado y pide que firmen o sellen una copia con la fecha; si no aceptan recibirla, usa un medio que deje constancia de la entrega y su contenido.

La fecha escrita en la carta y la fecha en que la empresa la recibe pueden ser distintas. Para evitar ese desfase, completa el documento el mismo día que lo entregas y conserva juntos la copia y el justificante de recepción. No confundas «fecha de entrega» con «último día de trabajo».

Si la empresa te pide que cambies la causa del cese o que presentes una baja voluntaria cuando no es tu decisión, detente antes de firmar. La carta debe reflejar lo que realmente ha ocurrido; una comunicación incorrecta puede complicar después la reclamación de derechos.

La baja voluntaria puede afectar al paro y no borra el finiquito

Dejar el empleo por decisión propia no genera, por sí solo, derecho a cobrar la prestación por desempleo. El SEPE indica una excepción práctica que suele pasar inadvertida: si después comienzas otro trabajo y la nueva empresa extingue el contrato durante el periodo de prueba, el acceso a la prestación depende, entre otras condiciones, de cuánto tiempo haya pasado desde la baja voluntaria anterior.

En particular, si ese nuevo cese durante el periodo de prueba lo decide la empresa y ocurre antes de que transcurran tres meses desde la baja voluntaria, el SEPE señala que no se accede a la prestación por esa vía. Si el nuevo contrato termina por otra causa involuntaria, como el fin del contrato, el resultado puede ser distinto. La causa que figure en el cese posterior importa, así que conviene conservar la documentación de ambos empleos.

El finiquito es otra cuestión: puede incluir salario pendiente y otros conceptos ya devengados, aunque la dimisión no conlleve indemnización por despido. Si la salida responde a impagos continuados u otro incumplimiento grave de la empresa, no presentes automáticamente una baja voluntaria: la extinción por causas imputables a la empresa puede seguir un cauce distinto y requiere asesoramiento antes de actuar.

Antes de entregar la carta, revisa tres detalles

Deja el documento listo cuando tengas confirmados el convenio, el preaviso y la fecha de efectos. Una carta sencilla sirve mejor cuando no obliga a corregirla después.

• Comprueba que el nombre de la empresa y tus datos están bien escritos.
• Confirma el plazo aplicable y fija el último día de trabajo en consecuencia.
• Conserva la carta y una prueba fechada de su recepción.

Este texto es informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional del derecho laboral. Si hay presión para firmar, cantidades discutidas o un posible incumplimiento empresarial, consulta antes de presentar la dimisión: una vez comunicada, cambiar de decisión puede no ser sencillo.

Las compras y las ventas siguen cuentas distintas durante el año

Una factura de proveedor no suele modificar por sí sola el saldo de existencias del balance. En el método habitual, la compra de mercancías se anota en la cuenta 600; si el IVA es deducible, se registra aparte, y la contrapartida será la deuda con el proveedor o el pago.

La cuenta 610 ajusta el gasto al inventario final

Imagina una tienda que empieza el ejercicio con mercancías valoradas en 8.000 euros, compra mercancía por 20.000 euros y termina con un inventario valorado en 5.000 euros. La cuenta 610 recoge la diferencia entre las existencias iniciales y las finales, y en este caso el consumo que llega al resultado del ejercicio asciende a 23.000 euros.

Tras ambos apuntes, la 610 queda con saldo deudor de 3.000 euros, porque el inventario se redujo. Si el stock final hubiera superado al inicial, el saldo sería acreedor y parte de las compras quedaría reflejada como existencias en el balance, en vez de como consumo del ejercicio. La cuenta 610 no equivale a una factura nueva: corrige el gasto de compras según lo que sigue almacenado.

Para materias primas se utiliza la cuenta 611; para otros aprovisionamientos, la 612. Las empresas que fabrican también registran variaciones de productos en curso y terminados en cuentas del grupo 71. El saldo por sí solo puede confundir; el signo se entiende al compararlo con el cambio real del inventario.

El precio medio ponderado suele servir para artículos intercambiables

Si vendes unidades intercambiables, como botellas iguales compradas en fechas distintas, hay que aplicar un método coherente para asignarles coste. La norma de existencias del Plan General contempla como criterio general el precio medio ponderado y permite adoptar FIFO, que asigna primero a las salidas el coste de las unidades más antiguas; para bienes identificables o ligados a un proyecto concreto se asigna el coste específico.

Mi criterio sería mantener un solo método para existencias de naturaleza y uso similares, y elegirlo pensando en cómo se mueve el almacén. FIFO puede encajar mejor cuando el orden de salida sigue la antigüedad del producto; el coste medio ponderado puede simplificar la valoración de unidades homogéneas con precios de compra variables. Cambiar de método sin una razón de gestión clara puede hacer menos comparables los resultados entre ejercicios.

Un recuento distinto o una mercancía dañada requieren revisar el ajuste

Cuando el inventario físico no cuadra con el listado del programa, no conviene forzar la cifra para que coincida con el asiento. Primero hay que localizar si faltan movimientos, si hay mercancía en tránsito o si algunas unidades ya no pueden venderse al precio previsto. La diferencia puede cambiar tanto el valor del activo como el resultado.

Por ejemplo, si un artículo costó 1.200 euros y ahora se estima que solo podrá venderse por un importe neto de 950 euros, el deterioro sería de 250 euros. La cuenta 693 recoge la pérdida y la cuenta de deterioro correspondiente reduce el valor contable de las existencias. El deterioro se analiza aparte de la variación física del stock.

Un cierre fiable empieza por explicar cada diferencia

El recuento final debe poder reconciliarse con las entradas, las salidas y el valor asignado a cada referencia. Si una diferencia importante sigue sin explicación, revisar los documentos antes de cerrar ayuda a evitar que el saldo del balance parezca correcto solo por casualidad.