Los españoles tienen que pagar la multa de 3 millones de euros por la estiba

La ley acerca de los servicios portuarios ha sido cambiada este mayo por el gobierno de España. No obstante se quedan unos aspectos sin el examen que pueden llevar a la sanción de más de 25 millones de euros por el incumplimiento de las condiciones de la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo para España sobre unas reformas en la esfera del comercio naval

Tales incumplimientos suelen influir negativamente en la economía del Estado, es que un país que no acata los requerimientos planteados por la institución legal más importante de Europa tal como el Tribunal de Justicia, debe pagar una multa. En concreto, el Reino de España, según la sanción recién impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora está obligado a pagar 3 millones de euros a título de la multa del retraso en liberalizar el sector de servicios del embarque en los puertos. España reorganizó los puntos de la ley que reglamenta la estiba que acabó en las marchas de protestas en los puertos y no liberalizó el dicho sector como lo ha pedido la UE. Сon arreglo a lo prescrito en la demanda de la sentencia de la justicia europea, las compañías que realizan la estiba no tienen que ser unas partes de unas sociedades particulares y concluir un contrato con los estibadores para eliminar cualquier posibilidad de la aparición de los problemas con la entrada de nuevas compañías al mercado. De tal manera, todos están en competencia para mejorar el servicio. El Gobierno del Reino Unido tardó en llegar tres años a esta modificación.

De ahí que España no ha cumplido lo que la corte europeo ha impuesto al final de 2014, la sanción pueda multiplicarse hasta 25 millones al día. Sin embargo, El Tribunal Europeo decidió imponer una sanción simbólica en cantidad de solamente 3 millones de euros para castigar al Gobierno español de manera monetaria y al mismo tiempo advertir a España del peligro financiero para todo el país en la hipótesis de no hacer lo que fue pedido. Las autoridades de Bruselas piensan que tal método será efectivo y en el futuro no tropezará con las dificultades semejantes.

España se considera como un país más «desobediente» en lo que se refiere a los cuestiones del bien económico. Es que no suele cumplir las normativas europeas que siempre se imponen por la UE con el fin de mejorar la vida de los europeos en cada esfera. Como el resultado, todos los incumplimientos de los decretos de forma sistemática generalmente causan unas multas para el Estado.

El ex ministro de Fomento de España, y ahora ingeniero de caminos, canales y puertos español, miembro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, imputa una culpa de no haber completado las condiciones de sentención de 2014 hecha por El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la estiba a la oposición en el Congreso cuyo tarea fue reformar la ley sobre la estiba en adecuación con la normativa de la Comisión Europea durante 3 años, pero no lo ha hecho.